Tras los pasos de Alemania y Francia

Publicado: revista Energía-El Economista el día 26/11/2015

Esther Alonso, Presidente AEGE (Asociación de empresas con gran consumo de energía)

Desde los inicios de la pasada década, tanto durante los años de bonanza como durante los de crisis, el balance económico del sistema eléctrico español ha sido realmente complejo.

Las distintas políticas energéticas aplicadas resultaron en una paulatina generación del conocido como déficit tarifario, déficit que ha llegado a alcanzar la cifra de 26.000 millones de euros, equivalente al 2,5% del PIB nacional.

Para solucionar este problema, el Gobierno implementó en 2012 una reforma energética mediante la cual se procedió por un lado a ajustar los costes del sistema y por otro a aumentar la carga fiscal, todo ello con el objetivo de reducir costes, aumentar ingresos y por tanto evitar la generación de nuevo déficit y proceder a la paulatina disminución del ya generado.

Según las últimas informaciones publicadas, parece que el esfuerzo realizado por todos los actores del sistema está dando sus frutos, ya que para 2014, se espera un superávit de 650 millones de euros y en 2015 esta cifra podría alcanzar los 1.000 M€.

Al igual que el sistema eléctrico, la industria electro-intensiva española -para la que la energía eléctrica es una materia prima fundamental en su proceso productivo-, también ha tenido grandes dificultades para cuadrar sus balances, pero al contrario de lo que sucede con el sistema eléctrico los malos tiempos parecen estar lejos de quedar atrás, puesto que actualmente, la llegada de una nueva amenaza en forma de inundación de los mercados con producción China puesta a la venta a bajo precio, está tensionando al máximo a la industria europea, desplomando los precios de los mercados y obligando a los Estados Miembros a reconsiderar la necesidad de plantearse medidas que permitan la supervivencia de su industria.

Una medida sería garantizar a la industria un precio del suministro eléctrico competitivo, hecho cuyo ámbito de decisión no se sitúa a nivel europeo si no a nivel de cada país. Es decir las políticas industriales y energéticas de cada estado son las que determinarán el precio del suministro eléctrico de su industria, contribuyendo de manera decisiva a a que estas puedan competir en igualdad de condiciones con otras industrias ubicadas en otras partes del planeta.

Alemania ya ha tomado buena nota de la situación, aparte de contar con un precio de mercado eléctrico un 42% inferior al español (el acumulado a inicios de noviembre muestra 29 €/MWh frente los 50 €/MWh del mercado español) ha adoptado medidas que, en armonía con las directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía de la Unión, permiten a sus industrias alcanzar unos costes de uso de las redes tres veces inferiores al coste español. También dentro de las políticas europeas de lucha contra el cambio climático, Alemania dedica a la  compensación de costes indirectos de emisión de CO2 una cantidad superior a los 200 millones de euros , frente a los 4 dedicados por España

Pero Alemania no es una excepción, el caso francés también es digno de destacar.

A mediados de 2015 el gobierno francés aprobó la Ley de Transición Energética, una ambiciosa normativa por medio de la cual se persigue un cambio de modelo energético, promoviendo las fuentes renovables y la reducción de gases de efecto invernadero, el transporte limpio y la edificación sostenible, con un marco de actuación que se espera genere un nuevo mercado tecnológico con más empleo y mayor competitividad.

Pues bien, recientemente estamos conociendo que ese nuevo marco normativo, que presumiblemente debería de suponer un encarecimiento de las factura eléctrica, por los mayores costes de desarrollo asociados a las energías renovables y a las políticas de cambio climático, vendrá ligado al igual que sucede en Alemania a una reducción de los costes eléctricos para la industria electro-intensiva gala.

Esta reducción vendrá en forma de un paquete de medidas que potenciará los mecanismos de compensación de costes indirectos de CO2, protegerá a la industria de los costes fiscales originados por el desarrollo de las energías renovables y revisará el esquema de costes abonado por el uso de las redes eléctricas. Todo ello buscando la implementación de un paquete global que permita fortalecer su industria, evitando su deslocalización y potenciando su desarrollo.

Volviendo a nuestro país, como se indicaba, para contribuir a solucionar el déficit de tarifa, en 2013 se introdujo una mayor carga fiscal en el sistema eléctrico, parte de la cual englobada bajo el impuesto del 7% sobre el valor de producción de energía eléctrica y el impuesto sobre el uso de combustibles fósiles, es repercutida directamente por los generadores de energía eléctrica en el precio que los consumidores pagamos, encareciendo el suministro en torno a 6 u 8 €/MWh.

Para evitar estos lastres sobre nuestra industria, deberían corregirse estas políticas y potenciar al igual que en otros países la adopción de medidas que diseñen un esquema de suministro eléctrico competitivo, en línea con lo habilitado por la Comisión Europea.

La noticia de la existencia de un superávit en el sistema eléctrico abre un periodo de optimismo para el sector, puesto que supone la existencia de margen de maniobra para la adopción de este tipo de medidas.

Por ello y como primer paso hacia la implementación de unas políticas industriales alineadas con Alemania y Francia, desde AEGE planteamos que una vez el déficit tarifario está controlado, se suprima el impuesto del 7% sobre el valor de producción de energía eléctrica, hecho que permitiría al menos mitigar en una pequeña parte el actual 40% de diferencia de precio existente frente algunos de nuestros competidores europeos e ir dando pasos hacia un modelo que permita la reindustrialización de nuestro país.